Presentación

Durante los últimos años los ámbitos de Salud, Trabajo y Equidad han constituido áreas fundamentales de preocupación y debate en Chile, tanto a nivel de las autoridades políticas y gestores de políticas públicas, como en el ámbito de la investigación académica. Prueba de ello es que, durante la última década, se han impulsado importantes reformas sociales e iniciativas que recogen la preocupación por ampliar los derechos de la ciudadanía en el marco de un fortalecimiento del Sistema de Protección Social que permita avanzar en la reducción de las inequidades sociales.

En este contexto, el sector salud –como parte del Sistema de Protección Social- ha asumido el debate sobre la producción social de la enfermedad y los determinantes sociales de la calidad de vida, buscando asegurar un conjunto de derechos y garantías exigibles por la ciudadanía. Así, por ejemplo, la reciente Reforma de la Salud inspirada en valores de universalidad, equidad y solidaridad, busca generar una mayor accesibilidad y protección en los hogares y familias; de igual manera que los Objetivos Sanitarios orientadores para el accionar del sector durante la década 2000-2010 buscan disminuir la inequidad, mantener los logros sanitarios alcanzados, enfrentar los desafíos del envejecimiento y el cambio social, y proveer servicios de calidad para el conjunto de la ciudadanía.

Todo ello se enmarca dentro del objetivo general de desarrollar políticas de equidad en salud orientadas a velar porque todas las personas alcancen su potencial de salud, considerando que toda diferencia sistemática entre grupos de la población y/o territorios que sean innecesarias y evitables, se constituye en una situación injusta cuya intervención para su reducción o eliminación representa un mandato ético para el diseño de las políticas públicas.

Por su parte, en materia laboral también se han realizado durante los últimos años importantes reformas. En primer lugar, el paquete de reformas del año 2001 que fortalece los derechos individuales y de sindicalización, reduce la jornada laboral a 45 horas, limita el uso de horas extraordinarias, regula nuevas modalidades de empleo, extiende la negociación colectiva y facilita la fiscalización de la Dirección de Trabajo; y, en segundo lugar, la Ley de Subcontratación el año 2007, la cual busca detener los abusos laborales generados en este régimen laboral e incorpora los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como responsabilidad de la empresa principal. A ello se agrega, finalmente, el trabajo del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad durante el año 2007, surgido a partir de la discusión del salario ético y las condiciones de empleo y trabajo de los chilenos y chilenas. Del mismo modo, cabe destacar también la entrada en vigencia de la Reforma Previsional, orientada a profundizar la protección social de los adultos mayores; así como las iniciativas que se han desarrollado para el segmento de la educación pre-escolar, las cuales buscan mejorar en forma sustancial la protección de la infancia temprana.

En la esfera internacional, por su parte, la preocupación por la calidad de vida, las condiciones de trabajo y empleo, y la salud de trabajadores y trabajadoras, ha tenido distintas instancias de discusión. Primero, la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo el año 2006, y segundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Consejo Ejecutivo de enero de 2007, recomienda a la 60ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución que establece el Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores 2008-2017. A ello se suma el trabajo realizado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CSDH) a contar del año 2005, el cual contribuyó a destacar la importancia de las condiciones de empleo y trabajo en la salud y calidad de vida de la población. Además, Chile ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1989), en donde los estados reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que se expresen en una remuneración equitativa y digna, sin discriminación; seguridad e higiene en el trabajo; igual oportunidad para todos de ser promovidos, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; descanso, disfrute del tiempo libre y limitación razonable de las horas de trabajo.

No obstante lo anterior, se hace necesario en la actualidad contar con fuentes de información que permitan examinar en mayor profundidad y en forma simultánea las distintas dimensiones de nuestra realidad en materia de condiciones de empleo, trabajo, calidad de vida y salud de los trabajadores y trabajadoras chilenos, sirviendo así de sustento en la formulación de políticas públicas en trabajo, salud y protección social que permitan avanzar en la reducción de las inequidades sociales. El desafío actual no sólo radica en profundizar el diagnóstico existente en las respectivas áreas de trabajo y salud, sino también en identificar y analizar los principales mecanismos que relacionan estos ámbitos, evaluando así los modos en que las condiciones de empleo y trabajo impactan sobre la salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en Chile, definiendo desde ahí posibles puntos de entrada para las políticas públicas. A la vez, el actual contexto nacional nos hace prever la necesidad aún mayor de abrir los debates sobre estos temas, y sobre todo que trabajadores y trabajadoras, así como tomadores de decisiones conozcan el impacto de las condiciones de empleo y trabajo en la salud de la población.

Asumiendo el desafío mencionado, en Mayo de 2007 se realizó una primera reunión preparatoria entre el Ministerio de Salud, la Dirección del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral (ex INP), orientada a desarrollar conjuntamente una Encuesta de carácter nacional que abordara las condiciones de empleo, trabajo y salud de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Las principales conclusiones y acuerdos programáticos establecidos entonces fueron:

1. En relación al diseño de la encuesta, se acordó consolidar un grupo de trabajo interministerial con el objetivo de lograr la mejor encuesta posible, efectuar una planificación general y acordar los recursos institucionales asociados al proyecto.
2. Además se acordó desarrollar un protocolo para el proceso de desarrollo e implementación de la encuesta, esto es, constituir un grupo interinstitucional con técnicos de todas las áreas para la elaboración de: un Marco teórico; una definición de las dimensiones a ser incluidas en la Encuesta y una propuesta de las preguntas de investigación que requieren ser respondidas por la Encuesta.
3. Desarrollar un protocolo estratégico de consenso político por los representantes de todas las instituciones, buscando incorporar la idea de establecer una línea de trabajo de continuidad en este tema a futuro.
4. Por último se acordó desarrollar un proceso participativo, entendiendo por éste la importancia de establecer la participación de grupos de trabajadores (Organizaciones Sindicales, otros), gobierno (Ministerios, poder legislativo, otros), Organismos Internacionales (OMS, OPS, OIT), expertos y otros actores relevantes, considerando su involucramiento dentro del proceso de desarrollo de la Encuesta.

Es así como las tres instituciones firman un convenio en Octubre de 2007 para llevar a cabo la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los trabajadores y trabajadoras en Chile. A continuación se presenta un resumen del proceso que conllevó a su elaboración.